Jose G. Landa
Staff writer
Jose Luis Perez, an employee of the Maverick County Juvenile Probation Department since February, 2013, filed a lawsuit for wrongful termination against the department on August 9, 2017 in the 293rd District Judicial Court.
Perez’s original petition filed claims that on August 12, 2015, Interim Chief Probation Officer Juan Carlos Segura wrote a letter to Perez relieving him of his duties.
Segura claimed that there has been an independent investigation conducted by Dimmit County Sheriff Captain Ruth Ceniseros, and that it was found that Perez acted outside of his duties.
“On at least one occasion Perez removed an electronic monitor from a juvenile without the permission of a juvenile judge. On several occasions Perez crossed U.S./Mexico Border with juveniles that were under the supervision of the Maverick County Juvenile Probation Department. Perez violated a directive from 365th District Judge Amado Abascal that he not communicate with any juveniles while he was suspended from the department, but he continued to communicate with juveniles Perez put a juvenile’s well being in danger by taking them into Mexico, removed the monitors and violated a directive from Judge Abascal,” the termination letter claimed.
Perez, who claims that he was wrongfully terminated, invoked section 1.41 of the Personnel Manual which allows for an employee that is being terminated to appeal the action to the Administrative District Judge.
On June 24, 2016 Judge Muñiz made a decision regarding three issues that were the basis of termination. Muñiz reversed the decision to terminate Perez’s employment.
“You were charged with removing the ankle monitor from a juvenile on your trip to Baylor University,” said Muñiz. “The court finds that you did so with the consent and knowledge of your supervisor Mr. O Freeman. Therefore, the situation should not have been used as a basis for your termination.”
Muñiz also ruled on the trips to Mexico, stating that one juvenile was taken across the border to play basketball in a team organized sport with the consent of his mother and Perez’s supervisor Mr. O Freeman.
“No harm came to the juvenile as a result of your actions and in fact, the juvenile’s self esteem and confidence was enriched by the experience. These acts should not have been used as a basis for your termination.”
Muniz also ruled that Perez did not violate Judge Abascal’s directive.
The Plaintiff is seeking over $1,000,000 in damages due to an alleged breach of agreement where he claims that, after his termination was set aside under an agreement, he has yet to be compensated for back pay and lost employment benefits from August 12, 2015 to June 24, 2016. Perez’s suit also seeks reasonable attorney fees and interest.
Agente de libertad condicional juvenil presenta una demanda por terminación injustificada
José Luis Pérez, empleado del Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado de Maverick presentó una demanda en febrero de 2013, por despido injustificado contra el departamento el 9 de agosto de 2017 en el 293rd Tribunal Judicial del Distrito.
La petición original de Pérez presentada del 12 de agosto de 2015 dice que el Jefe de Libertad Condicional Provisional Juan Carlos Segura escribió una carta a Pérez que lo relevaba de sus funciones.
Segura afirmó que ha habido una investigación independiente llevada a cabo por el Comandante del Condado de Dimmit, la Capitán Ruth Ceniseros, y que encontró que Pérez actuó fuera de sus funciones.
"En al menos una ocasión, Pérez retiró un monitor electrónico de un menor sin el permiso de un juez de menores. En varias ocasiones, Pérez cruzó la Frontera de Estados Unidos con los menores que estaban bajo la supervisión del Departamento de Libertad Condicional Juvenil del Condado de Maverick. Pérez violó una directiva del Juzgado 365 del Distrito Amado Abascal de que no se comunica con ningún menor mientras fue suspendido del departamento, pero siguió comunicándose con menores que Pérez puso en peligro el bienestar de un menor al llevarlos a México, sacó los monitores y Violó una directiva del juez Abascal ", afirmó la carta de terminación.
Pérez, quien alega que fue despedido injustamente, invocó el artículo 1.41 del Manual de Personal, que permite que un empleado que está siendo terminado para apelar la acción al Juez de Distrito Administrativo.
El 24 de junio de 2016, la juez Muñiz tomó una decisión sobre tres asuntos que fueron la base de la terminación. Muñiz revirtió la decisión de terminar el empleo de Pérez.
"Le acusaron de retirar el monitor de tobillo de un menor en su viaje a la Universidad de Baylor", dijo Muñiz. "El tribunal encuentra que lo hizo con el consentimiento y conocimiento de su supervisor, el Sr. O Freeman. Por lo tanto, la situación no debería haber sido utilizada como base para su terminación. "
Muñiz también se pronunció en los viajes a México, afirmando que un joven fue llevado hacia el otro lado de la frontera para jugar baloncesto en un equipo organizado con el consentimiento de su madre y el supervisor de Pérez, el Sr. O Freeman.
"No hubo ningún daño para el menor como resultado de sus acciones y, de hecho, la autoestima y la confianza del joven fueron enriquecidas por la experiencia. Estos actos no deberían haber sido utilizados como base para su terminación. "
Muñiz también dictaminó que Pérez no violó la directiva del juez Abascal.
El demandante está solicitando más de $ 1.000.000 en daños y perjuicios debido a un presunto incumplimiento de acuerdo cuando afirma que, después de que su terminación fue anulada bajo un acuerdo, aún no se le ha compensado por pagos atrasados y beneficios laborales perdidos del 12 de agosto de 2015 a junio 24, 2016.
La demanda de Pérez también busca honorarios e intereses razonables de abogado.