Maverick County Sheriff Tom Schmerber and Constable for Precinct 3 AB Mario Hernandez have joined the suit, adamantly challenging its weight under constitutional law.
“I am totally against it and we cannot subject ourselves to the potential consequences that may come from being asked to do something we’re not officially trained to do,” said Hernandez. “That’s why you have Border Patrol. It is just wrong to ask us to do such a thing.”
The League of United Latin American Citizens (LULAC) which is an organization that advocates for advancement of the economic condition, educational attainment, political influence, health, and civil rights of the Hispanic population in the United States, along with Webb County, filed their lawsuit on May 8, 2017. Maverick County law enforcement officials Schmerber and Hernandez filed through their attorneys Sanchez & Wilson.
The plaintiffs in the issue seek declaratory and injunctive relief against State of Texas officials including Governor Abbott and Attorney General Ken Paxton.
Injunctive relief, is a legal remedy that may be sought in a civil lawsuit, in addition to, or in place of, monetary damages. Rather than offering money as payment for a wrong in a civil action, injunctive relief is a court order for the defendant to stop a specified act or behavior.
The plaintiffs claim in the suit that the law passed by the state invades a local government’s sovereign rights to set and follow their own policies and laws without being overruled by an act from another governing agency, such as the federal government.
The lawsuit claims that because of the actions forcefully being demanded by the state government, the state is compelling the plaintiffs, local governmental agencies, and officials across the state to break federal laws.
Staff reports
Como resultado de la aprobación final de lo que ahora se conoce como la ley de “Show Me Your Papers” (SB4) firmada en efecto por el gobernador de Texas Greg Abbott el 7 de mayo de 2017 después de que había sido aprobado por la Casa del Estado y el Senado un grupo de Los funcionarios de la ley / ciudades y condados han presentado una demanda federal contra el Estado de Texas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas, la División de San Antonio, el lunes 8 de mayo de 2017.
El Sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, y el contestable del Precinto 3 AB, Mario Hernández, se han unido al pleito desafiando inflexiblemente su peso bajo la ley constitucional.
"Estoy totalmente en contra de ella y no podemos someternos a las posibles consecuencias que pueden derivarse de que nos pidan hacer algo que no estamos oficialmente entrenados para hacerlo", dijo Hernández. "Por eso es que usted tiene la Patrulla Fronteriza".
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) que es una organización que aboga por el adelanto de la condición económica, el logro educativo, la influencia política, la salud y los derechos civiles de la población hispana en los Estados Unidos junto con Webb County, oficiales de aplicación de ley del condado de Maverick, el Sheriff Tom Schmerber y el agente Hernández, a través de sus abogados Sánchez y Wilson, se unieron en la pelea.
Los demandantes en el tema buscan una medida declarativa contra funcionarios del Estado de Texas, incluyendo al Gobernador Abbott, y al Fiscal General Ken Paxton.
Este recurso legal que puede ser buscado en una demanda civil, además de, o en lugar de, daños monetarios. En lugar de ofrecer dinero como pago por un daño en una acción civil, la medida cautelar es una orden de la corte para que el acusado deje un acto o comportamiento especificado.
Los demandantes afirman en su demanda que la ley aprobada por el Estado literalmente invade los derechos soberanos de los gobiernos locales para establecer y seguir sus propias políticas y leyes sin ser persuadidos / asumidos por un acto de otra agencia gubernamental como el gobierno federal.
La demanda afirma que debido a las acciones que están siendo exigidas enérgicamente por el gobierno estatal que el estado está obligando / intimidando a los demandantes, agencias gubernamentales locales y funcionarios en todo el estado para romper las leyes federales.
"Es un error pedirnos que hagamos eso", dijo Hernández
"Estoy en contra y veré lo que va a ocurrir", dijo Schmerber