Las farmacéuticas señaladas en Estados Unidos por la crisis de los opiáceos se mueven rápido para quitarse de encima las demandas antes de que se sometan a un juicio.
El conglomerado Johnson & Johnson llegó con este propósito a un acuerdo por el que se compromete a compensar con 20,4 millones de dólares a dos localidades de Ohio.
Paga pero no admite su culpa.
"Estamos abiertos a identificar una resolución apropiada a los litigios”, afirma J&J en una nota, en la que también deja claro que está preparada para defenderse ante los tribunales.
El 21 de octubre está previsto que comience en Ohio el primer juicio federal.
La farmacéutica fue condenada a pagar 572 millones en un caso estatal en Oklahoma.
Este litigio está en proceso de ser apelado.
La compensación anunciada ahora le servirá para resolver las demandas de los condados de Cuyahoga, en Cleveland, y Summit, en Akron.
“Se evita así la incertidumbre del proceso”, señalan en una declaración.
El acuerdo es preliminar y debe ser aprobado por el juez.
De la cantidad total, 5,4 millones irán destinados a financiar programas de prevención y de combate a la adicción.
El resto se utilizará para cubrir los costes del litigio y compensar las pérdidas que la crisis de los opiáceos generó en las localidades.
Ohio es uno de los Estados más afectados por las muertes por sobredosis, con 46 por cada 100.000 habitantes.
Solo le supera Virginia Occidental, según las últimas estadísticas del Centro para el Control de las Enfermedades (CDC, en sus siglas en inglés).
Las demandas contra J&J se están convirtiendo en un referente para entender por dónde irán otros litigios. Hay cuatro farmacéuticas que también llegaron a acuerdos extrajudiciales similares antes del juicio en Ohio.
Purdue Pharma, que vende el OxyContin, se declaró por su parte el mes pasado en bancarrota tras llegar a un acuerdo preliminar valorado en 12.000 millones.
En este momento hay 2.600 demandas pendientes en Estados y gobiernos locales.
“Reconocemos que la crisis de los opiáceos es un reto de gran complejidad para la salud pública y por eso queremos trabajar de una manera colaborativa
con las comunidades afectadas”, añade J&J.
La CDC estima que estas drogas están detrás de más de 400.000 muertes por sobredosis entre 1999 y 2017.
